El presidente de la Federación de Municipios de Cantabria y alcalde de San Vicente de la Barquera, Julián Vélez,
apuesta por reducir la democracia. Analizando el proyecto de reforma de la Administración
local, afirmó que “si la mayoría de personas se cuestiona si 102 municipios para
Cantabria son muchos, si hablamos de que tenemos 580 juntas vecinales está todo
dicho”. El alcalde de la
localidad costera por el Partido Popular, dejó claro que “las juntas vecinales, a pesar de
la gestión de recursos que realizan algunas de ellas, no tienen cabida en el
futuro inmediato”. En el anteproyecto de reforma de la Ley de Bases se
plantea la eliminación de entidades locales menores, aunque el presidente de la Federación Española
de Municipios y Provincias, Iñigo de la Serna, matizó que se buscará el máximo consenso.
Estas
declaraciones ponen en evidencia el escaso talante democrático de la clase
política. Las entidades locales menores ( a las que pertenecen las juntas
vecinales), están reconocidas en nuestra legislación desde el año 1924. En
nuestro país existen más de 3.000.
Se definen como “entidades locales cuyo ámbito territorial
es inferior al municipio, con determinadas competencias sobre su patrimonio y
la posibilidad de que le delegue otras el Ayuntamiento en el que se integra.
Aparte, tiene un alcalde pedáneo elegido directamente por los vecinos y si la
entidad está integrada por menos de 100 vecinos, puede funcionar en régimen de
concejo abierto. Las entidades locales menores pueden gestionar su patrimonio compuesto
por tasas, contribuciones especiales, y hasta participación en los ingresos del
municipio. A su vez pueden imponer la prestación personal y de transporte.
La necesidad de esta figura surge
por el acercamiento de la administración a los vecinos y la conveniencia de la
participación de éstos en las decisiones que directamente les interesan.
Siempre ha de existir una voluntad de autoadministración por parte de los
vecinos. En definitiva, es un mecanismo político que una sociedad con conciencia de bien común,
podría poner al servicio de todas las personas y frenar la corrupción creciente
en todas las administraciones. Si las personas que deciden organizarse a sí, lo
hacen desde un espíritu autogestionario, podría ser el embrión de una gestión
política auténticamente centrada en el bien común.
Lo curioso es la escasa publicidad
que todos los grupos políticos le han dado siempre en estos casi 100 años que
lleva existiendo. Aunque ahora el PSOE se sume a las críticas (porque la
reforma parte del PP), nunca han propugnado en nuestra región formación
política acerca de las posibilidades que pueden tener las entidades locales
menores en una región con multitud de núcleos pequeños como la nuestra .
¿Por
qué este silencio? La explicación es fácil. El señor Vélez, por poner un
ejemplo, cobra 39.000 euros anuales (3.250.00€ al mes) por ser alcalde un
municipio como San Vicente de la
Barquera (que no llega a 5.000 vecinos). ¿Cómo le va a
interesar dar más capacidad de gestión a las juntas vecinales? Cuanto más mecanismos
de gestión se le pueda quitar al pueblo, más le pueden robar nuestros
políticos. La cosa está fácil.
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